Derecho de los servicios publicos

La noción jurídica de servicio público resulta ser producto de un laborioso proceso teórico de elaboración hasta nuestros días, en el que participan de consuno la legislación, la jurisprudencia y la doctrina científica de Derecho administrativo comparado. Desde entonces la noción jurídica es empleada, tanto por el legislador como también es puesta en obra por el Juez administrativo y también, más recientemente, por el Juez constitucional. Su invocación justifica la aplicación de reglas de Derecho público específicas —denominadas inicialmente como exorbitantes del Derecho común aplicable entre los sujetos privados—.Por ello, el servicio público es desde sus mismos orígenes, una institución emblemática pero, también, sin duda, una de las más controversiales, que J. Morand-Deviller resume, así: «El servicio público es sin duda, la noción más compleja, evolutiva, controvertida y esencial del derecho administrativo”. De cualquier modo, hemos de interrogarnos si el servicio público sigue siendo una realidad innegable en los Derechos positivos de algunos países de la Europa Continental y de América Latina, que han sido históricamente recipiendiarios del Derecho administrativo francés, como categoría jurídica de que se sirve el Estado Constitucional —que no la única—, para cumplir su responsabilidad constitucional indeclinable de satisfacer necesidades o demandas esenciales o vitales de la Sociedad.Por consiguiente, la búsqueda de la dimensión jurídica es, pues, una cuestión de plena actualidad, por lo demás apasionante en un ambiente de economía global, de mercado y de libre competencia y de procesos de crisis y, de consiguiente, reconfiguración —revisión y actualización—, que quizás —o sin el quizás—, como ningún otro sector se ha transformado de modo trascendental en las últimas décadas. En esta obra haremos referencia a la noción jurídica de servicio público en su sentido estricto y propio, desde una nueva perspectiva, contemporánea, en razón de un cambio de fondo, jurídico y político, del modelo de regulación que ha presidido hasta hoy los sectores calificados con arreglo al Derecho de los Servicios Públicos.