El séptimo anuario del Grupo de Investigación CC – Constitucionalismo Comparado (A1 en Colciencias) fue dirigido desde la primera y la segunda línea de investigación de dicho centro académico de la Universidad Nacional de Colombia, denominadas La ciencia del constitucionalismo comparado y su metodología, y Estado moderno: teoría e historia, respectivamente, con el objeto de reivindicar y de resaltar el papel de Latinoamérica dentro de la historia del derecho público, partiendo de la necesidad de confrontar los paradigmas que, tradicionalmente, han amparado las investigaciones iushistóricas en la misma región, y que permean las copiosas bibliotecas de los iuspublicistas. Así, es bastante usual leer y escuchar, una y otra vez en diversos escenarios académicos circunscritos al derecho público, que la historia del constitucionalismo deviene en una línea recta que empieza en Inglaterra durante la Edad Media, pasa por la revolución e independencia en Norteamérica, y se completa en la Revolución francesa –es decir, los tres países de moda mencionados con antelación–. Este paradigma, que tiene su origen en la indebida identificación de la historia de las ideas con la historia política, y en la tradición de identificar la historia del derecho con los documentos institucionales sin pensar en la antehistoria de cada uno de ellos, supone negar o desconocer –o ambas cosas– la importancia de Latinoamérica como uno de los tres puntos de partida de la revolución ilustradaconstitucional en la historia mundial del Estado moderno. En los ámbitos culturales y académicos hay una gran resistencia contra la idea de que América Latina fue también, con el declive del Antiguo Régimen español, una de las zonas fundadoras en las que se rompió definitivamente con cinco milenios de reinos dinásticos, y esto no es un asunto baladí, ni algo que pueda pasar desapercibido en investigaciones científicas sobre el constitucionalismo y, en general, sobre el derecho público. Por tanto, como consecuencia de aquel paradigma y de la resistencia que traslada a la comunidad académica, se tiende a negar los indudables aportes que la región ha hecho al derecho público en todos sus niveles.
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